De la corrupción 

Si se analiza la corrupción desde una concepción Utilitarista, la clase política que participa del funcionamiento de las instituciones del estado, donde su responsabilidad frente a la organización de la sociedad, los deja en la primera línea frente a los sectores más vulnerables de la sociedad, desviar recursos hacia su propia persona, familia o sectores de poder al cual pertenecen, se opone frente a la búsqueda y el logro de felicidad por parte de todos los individuos de la sociedad.

John Stuart Mill aprecia como logro dentro de la concepción del utilitarismo, la educación del carácter humano para que este no pueda separar su propia felicidad de la del bien común. La corrupción se dirige en sentido contrario, donde la felicidad individual se antepone a la del bien general.

Si se establece una mirada desde la concepción del universalismo, podríamos contraponer los principios materiales  universales frente al flagelo de la corrupción.

1)  principio de la libertad negativa: Ningún miembro de la sociedad interferirá en las acciones de otro usando la violencia ni pretenderá obtener un asentimiento forzado mediante coacciones para satisfacer sus propios fines*. La corrupción se inscribe dentro de una violencia simbólica, una violencia no visible directamente que consiste en sustraer recursos del estado, acentuando la asimetría en derechos, desigualdades y oportunidades en el  progreso material y cultural de la ciudadanía

2) principio de igualdad: Todo integrante de la sociedad tendrá siempre iguales derechos y deberes que cualquier otro integrante de ella. Con ello se garantiza la imparcialidad que debe regir toda interacción entre los miembros de la sociedad.* No existen iguales derechos y deberes cuando un individuo de la sociedad posee privilegios por abusar de los recursos del estado.

3)  El principio de autonomía: Todo miembro de la sociedad deberá tener iguales
posibilidades para alcanzar una capacidad madura que le permita hacer uso de sus derechos y articular sus demandas.*. Dentro de un sistema corrupto no existen más que la autonomía de un grupo por  sobre otros, debido a los privilegios de contar con los recursos del estado.

Por otro lado, desde la lectura Vulnerabilidades y responsabilidades: una defensa ética del Estado de Bienestar de Robert E. Goodin, se puede hacer un análisis desde las vulnerabilidades y las responsabilidades individualidades y ciudadana que revelan las relaciones importantes que existen entre la corrupción y los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.  

La clase política, se encuentra en términos relativos como responsables directos en la mejora o en el perjuicio de  las condiciones de las clases menos favorecidas. Las políticas públicas, que podrían mejorar la vida de sectores postergados, se desvanecen cuando los  Recursos se concentran para beneficio propio o de un sector  reducido, la corrupción atenta directamente, promoviendo la desigualdad, porque en esa asimetría establecida, los sectores que se benefician con la corrupción producen como resultado necesario, el abandono sistemático de un sector de la sociedad que se encuentra  en relación de dependencia con el estado.

 En menor grado, pero igualmente importante, el resto de la ciudadanía,  tiene el deber de monitorear el accionar de los representantes políticos, la ciudadanía también es responsables por los sectores vulnerables, pero no por acción como en el caso de las clases políticas  sino por omisión, por no comprometerse en la ejecución de las políticas públicas.

Con esta división que realiza Goodin, dentro de las responsabilidades que le corresponden la clase política y a los ciudadanos, justifica en el final del texto el Estado de Bienestar, ya que desde su punto de vista, las familias humildes, están rodeadas de familias en las mismas circunstancias desfavorables, es así que el Estado debe garantizar su protección. El resto de la ciudadanía, la que no se encuentra en situaciones de vulnerabilidad, tiene la responsabilidad de monitorear el accionar de la clase política para garantizar la promoción del bien público en defensa de la libertad y la justicia.